¿Quién responde cuando la IA decide?

El reto de rendir cuentas por decisiones que ya toma el algoritmo.

Por: Pato Bichara, CEO de Collective

México todavía no cuenta con una Ley General de Inteligencia Artificial (IA), y todo indica que tardará más de lo que quisiéramos. El Gobierno Federal dio un primer paso este año; a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó un Plan Nacional de IA que ya fija una política pública. Las propuestas que se discuten en el Congreso apuntan hacia principios que veremos en cualquier ley que se apruebe: transparencia, supervisión humana, evaluación de riesgos. Mientras tanto, los especialistas en derecho laboral concuerdan en que México se está tardando para tener esta conversación.

Pero el vacío que debería quitarnos el sueño no está en el Congreso. Está mucho más cerca: en la ausencia, dentro de nuestras propias organizaciones, de una persona, con nombre y cargo, capaz de responder por qué un algoritmo tomó una decisión determinada. Esa responsabilidad no puede delegarse en la tecnología. Y a esa pregunta, ninguna ley, por más completa que llegue a ser, podrá responder por nosotros.

El primer error es asumir que la ausencia de una ley general equivale a una moratoria. No lo es. Mientras ese marco integral sigue pendiente, ya avanzan obligaciones concretas en distintos sectores. Un ejemplo es el decreto que reformó la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2026, que exige consentimiento expreso, previo y por escrito para usar la voz o la imagen de artistas intérpretes y ejecutantes mediante IA.

La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2026 y vigente desde el 4 de abril de 2026, incorpora de forma expresa la sanción de infracciones administrativas cometidas mediante el uso de (IA).

Estas reformas se adelantan a que exista una ley general. Este es uno de los principales riesgos para las empresas que optan por aguardar un marco único y definitivo porque pueden encontrarse, de un momento a otro, con obligaciones parciales ya vigentes que deben cumplir de manera individual, aún sin el orden y la coherencia que promete una legislación general.

El segundo argumento proviene, paradójicamente, de la misma discusión legislativa. Desde el ámbito legislativo se ha propuesto que la Secretaría de Gobernación lidere una Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, y el problema de fondo es que falta de una definición legal de qué es la IA y de reglas homogéneas para las decisiones que toman los algoritmos. Si ni siquiera el marco público logra todavía definir quién responde cuando una máquina se equivoca, vale la pena preguntarnos cuántas empresas mexicanas ya se han hecho esa misma pregunta hacia adentro.

En nuestra experiencia trabajando con líderes de distintas industrias en la región, la respuesta suele ser la misma: casi ninguna tiene aún esa responsabilidad asignada con claridad. La brecha sigue siendo de responsabilidad asignada. Y no depende de lo que resuelva el Senado, ni del tiempo que le tome. Alguien podría objetar que sin una ley que la exija, toda estructura de gobernanza interna es voluntaria y carece de consecuencias reales si se ignora. Es una objeción válida… a corto plazo.

Los despachos especializados en regulación tecnológica ya documentan el rezago de México frente a Europa, Canadá y el Reino Unido en la construcción de este tipo de marcos. Repetir ese rezago ahora, a nivel organizacional, sería un error evitable.

Cuando la ley general finalmente llegue, no eximirá a ningún líder de esa responsabilidad, solo la volverá auditable y, probablemente, retroactiva. Construir la gobernanza antes es la única forma de no llegar tarde otra vez.

El primer paso debería combinar ambos frentes: auditar qué obligaciones sectoriales ya aplican a cada una de nuestras industrias y designar, con nombre y cargo, a la persona responsable de explicar las decisiones de cualquier sistema de IA que ya esté en operación.

Después de ese ejercicio, la pregunta que cada consejo de administración debería hacerse es: ¿Alguien en esta sala podría explicar, hoy mismo, por qué el algoritmo de la organización tomó su última decisión?

Mientras el Congreso discute el marco que regulará esta tecnología, esa capacidad de respuesta es la verdadera prueba de preparación. Porque la diferencia entre las empresas que liderarán la transformación y las que solo esperarán a que ocurra no estará en cuándo llegue la ley, sino en qué tan preparadas están para rendir cuentas por las decisiones que la IA ya toma hoy.