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19.100 millones de dólares es el monto de la deuda que obligó a la mayor empresa de telecomunicaciones del Brasil, Oi, a solicitar la protección de bancarrota, también conocido como recuperación judicial, que incluiría todas las subsidiarias que integran la compañía.
En un comunicado dado a conocer por la empresa, ésta solicitó que su caso sea analizado de manera urgente por las autoridades del país suramericano. El pedido de protección contra quiebras es el mayor de la historia de Brasil.
La compañía se encuentra en un proceso de renegociación de deuda que se prolongó más de lo estimado. El proceso acabó con la carrera del CEO de Oi, Bayard De Paoli Gontijo, quien dimitió hace diez días, y fue reemplazado por el director financiero, Marco Norci Schroeder, quien tampoco pudo evitar la hecatombe financiera.
Los créditos en renegociación alcanzan los 65.400 millones de riales; $ 19.100 millones. Frente a la posibilidad cierta de solicitudes de embargo, la compañía decidió recurrir a la protección que le brinda la Ley de Sociedades Anónimas. Con esto la empresa estaría buscando preservar la continuidad de los servicios a los clientes, dentro de las reglas y compromisos asumidos con el regulador del mercado, Anatel; además de preservar también el valor de las empresas que componen el grupo Oi.
El operador es uno de las principales empresas de telecomunicaciones de Brasil. A marzo de este año contaba con 14,85 millones de líneas fijas (34,4% de cuota del mercado); 6,36 millones de accesos fijos de banda ancha (24,6% del mercado); 47,6 millones de clientes de telefonía móvil (18,6% del total del mercado) y 1,18 millones de abonados a TV paga (6,3% del mercado).
Durante 2015, Oi reportó ingresos por $ 7.000 millones, aunque el ejercicio terminó con un saldo negativo de $ 2.617 millones.
¿Sobrevivir o desaparecer?
Oi busca con esta decisión mantener la continuidad de su negocio y su función social, de forma de proteger de manera ordenada los intereses de las empresas, de sus clientes, de sus accionistas y demás stakeholders y proteger el flujo de caja del grupo Oi.
Por su parte, el gobierno, a través del ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC), indicó a través de la agencia oficial de noticias del Brasil, ” que el pedido de protección judicial frente a quiebras de Oi no afectará el sector de telecomunicaciones brasileño”.
“Es un sector robusto y vibrante, competitivo y diversificados, y la confianza de los mercados no será afectada por un pedido de recuperación judicial puntual”.
OI aseguró que mantendrá sus actividades empresariales y garantizará la prestación de servicios, a la vez que mantendrá el foco en proyectos para la transformación de la empresa.
