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América Latina podría convertirse en un hub estratégico para la inversión en energías renovables y nuevos puestos de trabajo.
Tal escenario podría reafirmar se en el mes de abril, luego de la votación esperada en la Organización Marítima Internacional (OMI).
Años de desarrollos e iniciativas para lograr fuentes alternativas a los combustibles fósiles y el carbón han rendido frutos en América Latina.
Como consecuencia de ello, la región tiene una oportunidad histórica para atraer inversiones y convertirse en un hub en energías renovables.
¿De qué manera? A través de la recaudación de un Impuesto al Carbono en el Transporte Marítimo.
Esta es una medida que la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas busca definir en abril. Tal impuesto podría generar hasta US$ 60.000 millones anuales para financiar la transición energética en países en desarrollo.
Gracias al potencial de su sector energético, América Latina podría convertirse en un epicentro de producción de hidrógeno verde, impulsando la modernización portuaria y el abastecimiento de una nueva flota marítima con menor consumo de combustibles fósiles.
“Todos los países miembros de la OMI, incluyendo los latinoamericanos, acordaron por consenso en 2023 descarbonizar la industria para mitad de siglo”, puntualizó la Directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas, Tania Miranda.
Transformación en curso
Cabe recordar que, como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMI es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional.
Su función principal es establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que:
- Sea justo y eficaz
- Se adopte
- Y se aplique en el plano internacional
En este marco es que se vienen dando las sesiones de trabajo para reducir las emisiones de GEI – Gases de Efecto Invernadero – que culminará con las votaciones que se estarán llevando a cabo en Londres entre el 7 y el 11 de abril en la Sesión 83.
Tania Miranda destacó que, para lograr los objetivos de financiamiemto, es necesario imponer un precio global a las emisiones de carbono del transporte marítimo.
La especialista resaltó que, si se reafirma este compromiso la próxima semana, las naciones tienen la oportunidad de diseñar una política que beneficie a nuestras comunidades e industrias. El hub estaría en construcción.
“La medida de un precio global impulsaría la inversión en proyectos de energía renovable en toda América Latina. Los futuros ingresos de un impuesto podrían ayudar a que nuestros puertos y cadenas de suministro sean más resilientes al cambio climático”, resaltó Tania Miranda, Directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas.
El hub como motor necesario
La transición del transporte marítimo a energías renovables podría generar hasta 4 millones de nuevos empleos para 2050.
Estas nuevas posiciones se producirían, principalmente, en el Sur Global. Países como Chile, Colombia y Perú ya avanzan en planes de hidrógeno verde, y con los ingresos del impuesto, estos proyectos podrían escalar rápidamente.
Para Medina, todo ello consolidará a América Latina como un hub estratégico para la energía limpia y la logística marítima sostenible.
“Está en el interés de los gobiernos de toda la región, participar de manera activa y constructiva en las conversaciones de la OMI para lograr que se adopte una medida ambiciosa y equitativa en abril de este año”, puntualizó la Directora del Programa de Medio Ambiente y Cambio Climático del Instituto de las Américas, Tania Miranda.
La especialista recordó que la última ronda de negociaciones de la OMI, celebrada del 17 al 21 de febrero, registró el mayor apoyo histórico a un impuesto al carbono: 61 países.
Este respaldo incluyó tanto a países latinoamericanos como la industria. México y Dominica respaldaron la política por primera vez, uniéndose a Panamá, Jamaica, Bahamas y Belice, que ya se han sumado.
Más de 45 países ya apoyan esta medida, que además de atraer inversiones y generar empleo, permitiría reducir las emisiones del transporte marítimo.
Tales acciones permitirá a los posicionar a la región como un actor clave en la economía del futuro.
En la próxima votación de la OMI, América Latina tiene la oportunidad de liderar el cambio y negociar los beneficios económicos de la transición energética.
