Y llegó el fatídico día que nadie queria que sucediera. La Cámara Baja de EE.UU. votó por 248 votos contra 168 una versión enmendada del Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA), pese a la oposición a la ley de ciber seguridad manifestada por la Oficina de la Casa Blanca, que ha llegado a recomendar su veto al presidente Obama.
Los grupos de libertades civiles, incluidos el Center for Democracy and Technology (CDT) y la American Civil Liberties Union (ACLU), también se oponen a la ley, ya que, en su opinión, abriría las puertas a la intervención de las comunicaciones por Internet por parte de la National Security Agency y otras agencias gubernamentales de EE.UU.
Por el contrario, los que defienden la ley CISPA la consideran necesaria para ayudar al Gobierno y a las compañías privadas a luchar contra los ciber ataques. “Hay gente hoy que están literalmente robando el futuro de América” mediante ataques contra empresas estadounidenses, ha afirmado Mike Rogers, representante republicano por Michigan y defensor de CISPA. “Esta es una de las cosas que nos ayudarán a prepararnos contra ese grupo de gente que quiere hundirnos”.
CISPA permitirá a los proveedores de servicios de banda ancha compartir las comunicaciones de los clientes relativas a ciber ataques con diversas agencias gubernamentales. Además, la ley protege a las compañías privadas que comparten ‘de buena fe’ información sobre ciber delitos contra las demandas de sus clientes.
Pero la CDT y otros grupos que se oponen a la nueva ley de ciber seguridad cuestionan la voluntariedad con que las compañías privadas compartirán la información con las autoridades, toda vez que muchos proveedores de telecomunicaciones licitan por contratos gubernamentales. Para la ACLU, CISPA permitirá además a las compañías compartir información sensible y privada con las agencias gubernamentales sin garantías y sin una supervisión adecuada.
Asimismo, “la ley podría erosionar la protección a la privacidad de cada americano que utiliza Internet”, asegura Bennie Thompson, representante demócrata por Mississippi. “Podría crear una situación similar al ‘Salvaje Oeste’ donde cualquier empresa certificada, sin prácticamente ninguna responsabilidad, pueda compartir información con cualquier agencia gubernamental, que podría usarla para todo tipo de propósitos de seguridad nacional”.
CISPA, que ahora tendrá que ser debatida en el Senado, cuenta con el soporte de varias compañías tecnológicas y grupos empresariales, como Facebook, Microsoft, AT&T, TechAmerica y la CTIA. Durante años, las compañías tecnológicas se han quejado de las barreras legales al intercambio de información sobre ciberataques entre sí y con el Gobierno.