Tres sitios web del Ejecutivo británico se han visto afectados por un ataque de denegación de servicio atribuido al grupo de hackactivistas Anonymous, quienes protestaban por las recientes extradiciones de británicos a EEUU y el proyecto de ley que amplia el campo de acción de los servicios de espionaje ingleses.
Estos rres sitios web del gobierno del Reino Unido fueron atacados en la noche del sábado por el grupo de hackers Anonymous en protesta por la extradición de ciudadanos británicos a los Estados Unidos y la posible aprobación de un proyecto de ley para ampliar los poderes de espionaje inglés.
Los hacktivistas han interrumpido el tráfico en tres sitios (homeoffice.gov.uk, number10.gov.uk y justice.gov.uk) a través de sendos ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Los ataques DDoS provocan una caída en un sitio web introduciendo más tráfico al portal del que puede soportar.
Anonymous también identificó el sitio web personal de la ministra del Interior, Theresa May, como un potencial objetivo, si bien el ataque en el sitio de May nunca se materializó y otro dirigido contra el portal del Congreso fue rechazado, según los datos recogidos por The Independent.
Los ataques fueron parte de una protesta colectiva en contra de la extradición a los Estados Unidos de dos ciudadanos británicos, Richard O´Dwyer y Christopher Tappin, y la próxima extradición de un tercero, Gary McKinnon.
O´Dwyer, de 23 años, es el fundador de la TVShack, un sitio web que proporciona enlaces a películas y programas de televisión, incluyendo enlaces a material presuntamente pirata.
A su vez, Tappin, de 64 años, está acusado de conspirar para vender partes de misiles a Irán. Por su parte, McKinnon, de 46 años, supuestamente hackeó los sistemas militares de Estados Unidos hace diez años en lo que se ha considerado el mayor ataque informático militar de todos los tiempos.
Los ataques también se atribuyen a una reacción de Anonymous ante el proyecto de ley presentado hace una semana por el gobierno británico que le permite llevar a cabo ensayos en secreto y que las autoridades puedan rastrear las llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y la actividad en línea de todos los ciudadanos del país.