La falta de políticas y herramientas tecnológicas que garanticen transparencia en la contratación del Estado a sus proveedores, propicia la corrupción.
Por: Silvina Moschini, Presidente y Fundadora de TransparentBusiness.com
Según el informe Action for Growth publicado por Americas Business Dialogue, en el mundo se pierden entre 10-25% de los fondos de contratación pública por fraude y corrupción: $2.35 trillones globalmente por año. Si bajamos la mira a nuestra región, el BID estima que se pierde un 4,4% del PIB -o 220 mil millones de dólares- por ineficiencia y malgasto.
Una de las razones que propicia la corrupción es la falta de políticas y herramientas tecnológicas que garanticen la confiabilidad de los procesos y servicios que el Estado contrata de sus proveedores. Históricamente estos contratos han caído bajo el paraguas del llamado “código de honor”, un acuerdo tácito pero imposible de verificar, porque no existía forma de cotejar que efectivamente se había hecho lo que el proveedor facturaba, pero hoy en día, la tecnología permite acceder a datos fehacientes que no solo pueden sino que deben mostrarse.
En este proceso de transformar burocracias en estados más ágiles, más eficientes y más fáciles de evaluar, las startups de tecnología juegan un rol clave.
Nunca como hasta ahora el vínculo entre emprendedores y organismos públicos (GovTech) fue tan estrecho ni estuvo tan integralmente orientado a encontrar soluciones innovadoras para problemas públicos. Tanto el World Economic Forum como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros organismos internacionales, estimulan los emprendimientos que proponen soluciones para que el aparato estatal se vuelva más productivo y más respetable para sus ciudadanos, a quienes en el fondo sirve.
“Tenemos que atender las voces de los jóvenes, que reclaman transparencia mediante la toma de acción en sus comunidades. Debemos abrazar todo el potencial de la innovación en la lucha contra la corrupción, valiéndonos de la tecnología para monitorear, informar, concientizar y dejar en evidencia a aquellos que se aprovechan de ella para concretar sus delitos”, dice el mensaje del Director Ejecutivo de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) a propósito del 9 de diciembre.
Un caso modelo
Chile Compra es una plataforma donde se reúne la demanda de compradores públicos con la oferta de los proveedores. Fue creada en 2003, cuando entró en vigencia la Ley de Compras Públicas 19.886, que establece que los organismos del Estado deben realizar sus adquisiciones a través de Mercado Público. Chile Compra es un buen ejemplo de la transparencia puesto al servicio de la eficiencia: tomando los números del 2018, ese año se concretaron en su plataforma negocios con organismos públicos por más de US$ 13.099 millones (8,4 millones de millones de pesos) y se alcanzaron “ahorros -de más de 7 millones de dólares- al obtener mejores precios y/o condiciones comerciales”, reportó Chile Compra al Banco Mundial en enero de este año que termina.
Como dice Carlos Santiso, director de innovación digital del Estado en el Banco de Desarrollo de América Latina y miembro del Consejo Asesor de la Iniciativa anticorrupción del Foro Económico Mundial, “las GovTech se están convirtiendo en la tendencia más promisoria para transformar los gobiernos. Estamos viviendo un cambio de paradigma de un gobierno digital o e-gobierno, a un gobierno inteligente o i-gobierno. No se trata solo de abrir los datos, sino de usarlos de manera efectiva para mejorar las políticas y servicios públicos, e, in fine, mejorar vidas”.
¿Cómo cambiamos el paradigma hacia un modelo de gobernanza y transparencia?
Si bien la iniciativa de Chile es ejemplar para las metas de transparencia en contratación de servicios, en TransparentBusiness.com estamos trabajando para extender la expectativa de confiabilidad mediante la verificación de datos que den cuenta de la materialidad de los servicios prestados en todo el proceso.
Invitados por el World Economic Forum a formar parte del grupo de emprendedores que componen Tech for Integrity, una iniciativa global contra la corrupción, presentamos la iniciativa AvoidOverbilling.com, que apunta a descubrir el fraude menos detectado, el de la sobrefacturación.
Solo por poner un ejemplo, hace algunos años la ciudad de Nueva York contrató a la compañía SAIC para un proyecto municipal llamado City Time que tenía como objetivo proteger a la ciudad del malgasto de los recursos. Paradójicamente, el proyecto se presupuestó inicialmente en 73 millones de dólares pero terminó costando casi 700 millones. Nuestra ley de transparencia le apunta directamente a esta -y otras- forma de malversación: AvoidOverbilling.com, que implementa la verificación de los servicios y las horas facturadas, es un proyecto de ley que fue presentado en 32 estados de Estados Unidos y cuenta con el apoyo de más de 110 legisladores tanto demócratas como republicanos, en un esfuerzo sin precedentes de colaboración bipartidaria para llevar transparencia y empleo inclusivo. Y también en México y en Colombia estamos presentando proyectos para evitar la sobrefacturación.
El tiempo se acelera
Los emprendedores pueden delinear el futuro de la región colaborando con los gobiernos y los legisladores para crear marcos legislativos que promuevan la transformación digital que necesitamos para implementar soluciones a los problemas imperiosos de la sociedad. Están dadas todas las condiciones. El boom de tecnología en la nube, la “uberización” de la economía, la inteligencia artificial, el uso masivo de datos y el hecho de que la transparencia esté bien arriba en la agenda precipita un modelo de sociedad sustentable y transparente que es el que demandan los millennials.
Una mejor gobernanza con políticas centradas en el rendimiento de cuentas, y empoderada por la tecnología, es la clave para el crecimiento de los países de la región y el camino directo a un mejor destino para los fondos públicos.