Para determinar el distinto nivel de preparación, el índice compara la existencia en cada región de políticas y estrategias específicas en áreas como la innovación, la educación y el mercado de trabajo. “Los retos y las oportunidades de la automatización inteligente requieren una respuesta regulatoria robusta, acompañada del compromiso de distintos grupos de interés, pero, por ahora, ninguna de las dos cosas ha sucedido”, afirma el informe. De hecho, el estudio revela que por ahora existen “muy pocas” iniciativas en este sentido y, según los expertos entrevistados, ningún país ha tomado aún “el toro por los cuernos” en lo que se refiere a prepararse para la llegada de estas tecnologías.
“Coordinar una actividad en la que están implicados múltiples grupos de interés en este ámbito es enormemente complejo”, explica Elena Alfaro, responsable de Customer Solutions Analytics & Open Innovation en BBVA, que ha formado parte del grupo de expertos consultados por EIU para elaborar el informe. “Tenemos que movernos rápido y no podemos permitirnos esperar a que los gobiernos u otras instituciones tomen la iniciativa”, apunta la experta.
A pesar de la importancia del apoyo gubernamental para la adopción de nuevas tecnológicas, el informe destaca que las empresas no tienen “tiempo que perder” y están integrando rápidamente la inteligencia artificial y la robótica avanzada en sus operaciones. “Hoy en día estamos usando la inteligencia artificial para automatizar muchos de nuestros procesos internos, incluyendo la gestión de riesgos, la detección de fraude, la clasificación de documentos y el cumplimiento normativo; y también procesos de cara al cliente en centros de contacto, de forma ‘online’ y en las oficinas”, explica Alfaro.
Educación y aprendizaje continuos
La llegada de la robótica y la inteligencia artificial al mundo laboral puede ayudar a crear nuevos trabajos, que permitan a los humanos dedicar más tiempo a tareas que realmente aporten valor. Pero, según el informe, también puede significar un reto para las economías que no pongan en marcha, cuanto antes, “políticas para reformar la educación” y hacer frente a los nuevos desafíos.
Tan solo el pequeño grupo de países (Corea del Sur, Alemania y Singapur) que encabeza el índice ha puesto en marcha iniciativas individuales en ámbitos como la reforma curricular, el aprendizaje continuo, el entrenamiento ocupacional y la flexibilidad en el lugar de trabajo. Aunque el informe destaca que, incluso en estas regiones, la implantación es “incipiente”. En cuanto al resto de países, el análisis recoge por lo general una brecha considerable en el nivel de preparación entre los países de rentas elevadas y los países de rentas medias o bajas. No obstante, los países de rentas bajas con economías muy basadas en la agricultura están menos expuestos a los riesgos de la automatización que los países de rentas medias con una amplia base manufacturera, que son los más expuestos a los riesgos según el informe.
China, en el puesto número 12, es la excepción en esta tendencia: se trata de un caso “excepcional” de país dentro del rango de renta media, con una economía fuertemente vinculada a la manufactura; pero cuyo gobierno está apostando firmemente por afrontar los retos de la automatización con cambios en la educación y en los procesos de formación de nuevas habilidades en sus ciudadanos.
En los últimos puestos del índice se encuentran países emergentes como Brasil y Colombia, y del sudeste asiático, como Indonesia, donde las deficiencias en la educación de los ciudadanos suponen “severos obstáculos”, según el informe. Las posiciones intermedias las ocupan países desarrollados que no están llevando a cabo los suficientes esfuerzos para preparar a sus industrias, economías y ciudadanos, como Italia, Rusia o Turquía.
Francisco González, presidente de BBVA, ha recalcado en más de una ocasión la importancia de la educación para afrontar la incertidumbre generada en los sectores tradicionales por el cambio tecnológico en el corto plazo. En este sentido, el presidente de BBVA ha destacado también la importancia de la gestión activa de los cambios por parte de los poderes públicos en este periodo de transición, para proteger a las personas, y no los puestos de trabajo que queden obsoletos, y conseguir una mejor distribución de la riqueza.