Gamers ahora disponen en Latam de SSD más fría
Todos quieren que cierta información sobre sus vidas desaparezca de los resultados de los buscadores de Internet.
¿Qué tienen en común un político que busca la reelección, un hombre condenado por poseer pornografía infantil y un médico? Todos quieren que cierta información sobre sus vidas desaparezca de los resultados de los buscadores de Internet.
Y son ellos quienes han sido de los primeros en aprovechar un dictamen emitido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que ratifica el derecho a ser olvidado.
Según la decisión de la UE, los motores de búsqueda como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que perjudican a un ciudadano y han dejado de ser pertinentes.
Pero más allá de los casos específicos de quienes ya pidieron ser “olvidados”, ¿qué grupos podrían estar interesados en aprovechar la nueva normativa y para qué?
Las empresas investigan a sus candidatos en Google con regularidad para ver su historial que muchas veces, fuera de contexto, puede transformar algo anecdótico en un obstáculo para obtener una entrevista.
Las empresas no solo miran el perfil profesional de sus aplicantes, también parecen tener en cuenta sus perfiles personales en redes sociales.
El jefe de política pública en el Instituto Chartered de Personal y Desarrollo, Ben Wilmott, dice que aunque las empresas deberían evaluar a los candidatos en base a sus competencias para el trabajo a desarrollar y su perfil en redes sociales profesionales como LinkedIn, muchas hacen búsquedas más amplias que pueden llevarlas a encontrarse con aspectos de sus vidas privadas.
Un estudio reciente llevado a cabo por el instituto descubrió que un 40 % se sumerge en las redes sociales para informarse sobre sus candidatos.
“Esta ley puede ayudar a que la gente de recursos humanos se concentre en averiguar si la persona es la más indicada para realizar el trabajo con base únicamente en sus capacidades profesionales”.
Las víctimas de violencia doméstica se suelen enfrentar a situaciones en las que los abusadores intentan encontrarlas, y los medios suelen mencionar sus nombres. Según varias organizaciones, las víctimas de violencia doméstica deberían tener derecho a un mayor control sobre sus datos en la red.
La decisión de la UE es buena, cree Polly Neate, directora ejecutiva de Womens Aid, una ONG que ofrece apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.
“Nos parecen bien los cambios que les den a estas personas un mayor control sobre sus datos personales en Internet”, afirma. Pero lo que sería aún mejor es que las víctimas ni siquiera fueran nombradas en un primer momento.
