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Actualmente es muy común ver videos de cámaras de seguridad o “cazanoticias” en los noticieros nacionales. Las imágenes denuncian momentos de conflicto, en dónde la seguridad o legalidad se ven vulneradas.
Es por esto que Chile ha abrazado la tecnología en relación a estos temas, los distintos usuarios entienden el valor del video como un documento de prueba y de prevención de delitos, especialmente cuando provienen de cámaras de vigilancia.
Lo anterior se ha transformado en una necesidad ciudadana a nivel nacional en torno a la seguridad. Informes entregados por Carabineros señalan que en 2012 se registraron 64.880 casos de robo en lugares habitados. Respecto al año 2011 las denuncias por este delito aumentaron en un 1,7%, siendo la Región del Bío Bío (14%) y la Región Metropolitana (11,8%) las que mostraron los incrementos más importantes entre las zonas más habitadas del país.
Es por estas cifras que el país ha comenzado a desarrollar la captación de videos en red como sistema de prevención, control y seguridad a nivel de personas, comercio, empresas, y también como un registro válido en material legal y en el ámbito gubernamental, para generar políticas tendientes a fortalecer esta materia.
La implementación de sistemas de videovigilancia comenzó en Chile en 1993, bajo un sistema colaborativo entre Carabineros y los municipios, con el fin de controlar y prevenir los delitos. Sin embargo, el éxito práctico de este método hizo que se expandiera a otras funciones aplicadas, como su uso en el control del tránsito, la locomoción colectiva, la seguridad de locales comerciales, empresas y hasta en el sector privado.
Según nuestra legislación, el juez de un tribunal de garantía puede acceder a la exhibición de un video de éstas características como medio de prueba en una audiencia. Las imágenes de delitos que captan las cámaras de videovigilancia, ya sean de servicios prestados o propios, han tenido aún mayor impacto a la hora de identificar delincuentes, probar hechos en juzgados, e intimidar a los agresores.
Hoy cualquier empresario, dueño de una PYME o una persona común y corriente puede instalar cámaras de video con el fin de resguardar su seguridad y la de su propiedad, pues no existe obligación de notificar a las autoridades administrativas al respecto, lo que es un incentivo a la hora de optar por invertir en este tipo de medidas de seguridad.
El desafío entonces es mejorar y seguir potenciando estos sistemas, lo que puede sonar como una gran y costosa acción, lo cual no lo es si se cotiza, se informa y se buscan opciones de este tipo que lleven la grabación de imágenes a una prevención de riesgos y delitos asegurada a su máxima capacidad. Hoy no sólo basta con instalar cámaras de videovigilancia, hay que también pensar en su gestión y asumir con responsabilidad la lección de los sistemas que se utilizan. Las opciones existen y se encuentran a precios accesibles para todo tipo de personas y empresas.
Por Guilherme Soares, Vicepresidente de Ventas Iomega para América Latina
