La seguridad ciudadana en toda America Latina figura en la agenda de todos los gobernantes, y su propia burocracia no les permite utilizar las herramientas necesarias para dar respuestas efectivas ante un flagelo que somete a toda la sociedad.
En principio pareciera que conjugar seguridad ciudadana con la burocracia estatal y la tecnología, resulta un verdadero desafío de física cuántica.
Los procesos de compra de los Estados, y en este caso voy a hacer foco en el Estado Argentino que es el que más conozco, son irracionales con respecto a los tiempos de la tecnología. Pareciera que existe un esfuerzo desmedido por pretender hacer una compra transparente, cuando los tiempos de la transparencia resultan realmente corrosivos para la eficiencia de la tecnología que se pretende implantar.
El delito va un paso adelante en este sentido, siempre son más eficientes los delincuentes por que deciden sobre las últimas tecnologías disponibles y al estar orientados a resultados, superan ampliamente a las tecnologías envejecidas por el proceso de compra burocrática de cada Estado.
Es inconcebible que el Estado Argentino, tome 5 años para la compra de un sistema de reconocimiento balístico que permitiría armar un mapa del delito, considerando como punto de impacto las armas y en conjunción con los actos delictivos.
Los funcionarios que traban este tipo de compras deberían ser juzgados por cómplices de todos los delitos ocurridos en estos últimos 5 años, tener la trazabilidad de los delitos cometidos con un arma, es fundamental para hacer inteligencia criminal o resolver en solo segundos casos de “gatillo fácil” que surgen por excesos en la fuerza del orden.
Inclusive una modalidad común en Argentina es el alquiler de armas, una pistola puede proveer poder de fuego a 10 bandas, lo cual es terrible.
Con la instalación de un Sistema IBIS en el distrito federal de México, se neutralizó el alquiler de armas y de inmediato comenzó a bajar el delito.
En este caso la ignorancia de los funcionarios resulta supina para la sociedad, y su inoperancia debería constituir un delito.
Otro caso ejemplificador es el de Buenos Aires Ciudad Segura, un despliegue insolente de tecnología perimida que pretende hacer cosas para lo cual la tecnología no está preparada.
Según informes de un Ministerio involucrado en el proyecto, el mismo día que la empresa Claro anunciaba el lanzamiento de la tecnología 4G, la Ministra de Seguridad concurría a una prueba fallida de tecnología Wimax, que pretendía tener conexiones directas con los móviles de patrulla.
Hasta mi perro sabe que Wimax a 100Km por hora NO FUNCIONA, y a 40 tampoco, es incomprensible que un Estado no pueda comprar la mejor tecnología, para beneficio de los ciudadanos, y se empecine en cosas que todos sabemos que no andan.
Quizás la solución debería estar por el lado de alquilar infraestructura. El estado compra comunicación celular a empresas, no monta su red celular.
La imposición de instalar una costosa y compleja infraestructura genera burocracia en el proceso de adquisición e implementación y hace que el Estado llegue siempre tarde.
Las herramientas existen, es el Estado el que debe cambiar sus metodologías para adaptarse al siglo XXI.
Marcelo Lozano
Director de CIOAL.com