Telefónica impugna multa impuesta por gobierno de México

La española Telefónica decidió impugnar la multa impuesta por el órgano regulador a una de sus subsidiarias por mal servicio.

El lunes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que interpuso a Pegaso PCS – que opera Movistar en México – la sanción económica “más alta” dada por el órgano: una cifra récord de 24,5 millones de dólares.

La sanción, seria pertinente debido a que la empresa presta un mal servicio.

“Al revisar sus servicios en la ciudad de León, Guanajuato (centro), entre enero y febrero pasados el IFT comprobó que la firma tuvo una proporción elevada de intentos de llamada fallidos y [con ello] ha incumplido los niveles mínimos de calidad en el servicio móvil”, señalaba la comunicación oficial.

Después de analizar los argumentos de la empresa, el instituto resolvió con 5 votos a favor y dos en contra sancionar a la empresa, una decisión que ahora puede ser impugnada por la firma.

Derecho a réplica

Por su parte, Telefónica señala inconsistencias en las condiciones de monitoreo y rechazó la medida señalando que acciones como esta no benefician el mercado de las telecomunicaciones en México.

“La compañía ha decidido impugnar la sanción en el marco de la ley por considerarla desproporcionada, injustificada y al haber determinado que el fundamento jurídico y la evaluación técnica con la que está elaborada no son correctos”, dijo este martes la Telefònica en una información para la prensa.

Según la multinacional española, una sanción de este tipo tampoco abona en un mejor servicio para los usuarios y es una señal que desincentiva la inversión, lo cual perjudica la sana competencia.

Telefónica también ha rechazado que esta sea la primera vez que una autoridad mexicana sanciona a un operador a causa de un monitoreo de servicios.

“Desde 2007, diferentes compañías no han cumplido con sus niveles de calidad y nunca han sido multadas y mucho menos con cantidades tan desproporcionadas”, subrayó Telefònica en el comunicado.

Cabe destacar que la reforma del sector de telecomunicaciones que se adelanta desde 2014 supone reformas dirigidas a recortar el poder de las compañías dominantes en el sector de la telefonía y radiodifusión, así como fomentar la competencia.