Las señales de que los delitos informáticos se están convirtiendo en un problema serio de orden público para Colombia. En el último mes se inició la investigación por el desfalco cibernético más oneroso en la historia del país: de una forma que las autoridades todavía están indagando, un grupo de delincuentes sustrajo de las cuentas de una compañía cerca de $7.500 millones. Las autoridades se abstienen de revelar el nombre de la compañía por razones “reputacionales”.
En lo que va del 2014 se han producido 205 capturas debido a hurto por medios informáticos y fraude bancario y están vigentes 2.956 investigaciones, de acuerdo con las cifras de los cuerpos policiales.
Los casos están proliferando. Hace un año se desmanteló una banda que hacía clonación y modificación de tarjetas en Neiva; a mediados de noviembre se atrapó una red de 22 personas vinculadas con un desfalco por $565 millones a un colegio de Bogotá. Según las autoridades, algunas de las personas capturadas están relacionadas con otros casos que han afectado a Colpensiones, la Unidad de Restitución de Tierras, y Hoover. Igualmente, fue denunciado un caso de un posible robo de $1.494 millones de pagos a la planilla única de seguridad social de 20 empresas, que tuvo lugar en abril de 2012. Las autoridades diseñaron la ‘Operación Pasarela’ que terminó con la identificación de los 15 miembros de una red que había realizado el fraude. Y lopeor, según el reportaje de la revista Semana, es que la lista continúa.
El coronel Fredy Bautista Garcia, jefe del Centro Cibernético de la Policía Dijín, aseguró que el delito a través de internet y medios electrónicos ya cuenta con una estructura organizada que incluye no solo expertos en asuntos cibernéticos, sino abogados, contadores y hasta financistas; de manera sofisticada y sin disparar un solo tiro, los delincuentes cibernéticos ya se hacen a $1 billón al año, según un estudio de Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).
Y los objetivos principales de estas bandas son las empresas que hacen habitualmente grandes movimientos de dinero a través de medios virtuales. A las autoridades les han reportado casos que afectan a instituciones públicas como alcaldías y gobernaciones; hospitales, colegios, industrias y comercio.
Los delincuentes le apuntan a procesos clave como los giros de nómina, pagos a proveedores y vencimientos bancarios o de inversiones. Paulatinamente, el delito cibernético se ha convertido en una de las principales amenazas para las empresas.
Si los dineros no se recuperan, ¿a quién le asiste la responsabilidad civil por los desfalcos? La respuesta no es una sola, pues nadie abre la puerta a los desfalcos cibernéticos de manera intencionada, a menos que sea parte de la banda que los perpetra.
Según cuentan fuentes de la Fiscalía, los casos están asociados a clonación de tarjetas, software malicioso o infiltración directa de las organizaciones en las empresas afectadas. Una fuente del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía explicó a Dinero que, por ejemplo, se han presentado casos en los que los delincuentes han accedido inclusive a medios que se suponen muy seguros, como los famosos “token”, que cambian las claves de acceso a internet cada 30 segundos.
Así que, identificar cuál es la puerta que se deja abierta y que los delincuentes aprovechan para robar no es una tarea fácil.
Según el coronel Bautista, claramente el eslabón más débil de la cadena es el usuario final, pues es quien cuenta con las claves, los medios de acceso y las rutinas. Es el usuario quien termina exponiéndose a sofisticadas redes de delincuencia que no solo saben sobre informática, computadores y telecomunicaciones, sino que además ya hacen “ingeniería social”: es decir, seguimientos a los usuarios hasta definir claramente sus pautas de comportamiento y rutinas. De allí surge la posibilidad de detectar las debilidades de seguridad para atacar las cuentas de las personas.