A los empresarios se les hace cuesta arriba acceder a los fondos, que pueden permitir pagar los salarios, alquileres y servicios relacionados con la superivencia de la pequeña empresa.
Por James Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate.
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En estos momentos en los que todo el mundo habla del coronavirus, de los impactos que ha tenido tanto en lo humano como en lo económico, de la incertidumbre que existe en cuanto al tiempo que deberán mantenerse los confinamientos para evitar el aumento de la curva de nuevos contagios, del momento adecuado en el que debe comenzar a reactivarse la actividad comercial e industrial, los empresarios se encuentran pensando en las formas que tienen a la mano para resguardar sus empresas, sus colaboradores y garantizar la subsistencia de las mismas en el tiempo.
Mucho se ha hablado de los acuerdos financieros de los estados para ayudar con créditos a las pequeñas y medianas empresas, ya sea a través de organismos de financiamiento estatales o bien a través de inyección de fondos a la banca para que éstos a su vez los destinen a los empresarios, pero hay algo que es muy cierto: por muchos acuerdos y buenas intenciones que haya, el aparato burocrático de los organismos de financiamiento es extremadamente complejo y la necesidad de fondos y la cantidad de empresas que los requieren es sumamente grande. Esto hace que a los empresarios se les haga cuesta arriba acceder a esas fuentes de fondos, que pueden permitir pagar los salarios, alquileres y servicios relacionados con la operatividad diaria de la empresa.
Recientemente fui invitado a un grupo de WhatsApp integrado por un grupo importante de empresarios, en el cual se discuten las posibles alternativas que se tienen para enfrentar esta situación. Algunos, dependiendo del número de colaboradores, han tomado la decisión de despedir empleados y que éstos acudan a solicitar sus cesantÃas laborales, darles permisos o licencias no remuneradas, bajarles el salario en un porcentaje importante o darles solo ayudas alimenticias sin impacto salarial; otros, quizás por tener un número menor de empleados, han decidido sostener la nómina tanto como sea posible, en la medida en que realizan todo tipo de trámites ante organismos de financiamiento para mantener las nóminas y no tener que tomar acciones que afecten a sus colaboradores.
En todo caso, ninguna de las dos decisiones es cuestionable, ya que como dicen muchos, es muy arriesgado tomar créditos cuando no se está generando ningún tipo de ingresos y mas aún, cuando no se sabe cuánto tiempo tomará la reactivación de la actividad comercial e industrial y por ende, el tiempo de comenzar a recibir entradas de recursos. Aquellos que han decidido mantener sus estructuras, quizás atendiendo mas al corazón que a la razón, se han trazado un tiempo para soportar esta situación y obtener resultados de las gestiones tendientes a obtener fuentes de financiamiento.
Por otro lado, es entendible y loable la gestión y los acuerdos que han tomado algunos Estados de generar fuentes de ingreso para los pequeños y medianos empresarios, lo que permite que éstos puedan seguir sosteniendo sus estructuras y busca que el impacto en los colaboradores sea el menor posible. Todo esto tiene como objetivo evitar generar una crisis económica y humana mayor que la crisis sanitaria producida por el Covid-19.
Ahora bien, ¿qué deben hacer los Estados y las entidades de financiamiento para que las decisiones no se queden en el largo y tedioso aparato burocrático de los organismos de financiamiento y que dichas decisiones no se vean a los ojos de los empresarios como solo decisiones polÃticas?
Lo primero es que debe haber reuniones en las que en principio participe el Estado y también los organismos de financiamiento, esto con el fin de revisar los procesos y las limitaciones legales en cuanto a requisitos, riesgos y garantÃas exigidas para poder acceder a los créditos, de manera de crear nuevas o puntuales normativas que permitan adecuar o crear reglas especiales para esta situación coyuntural, y que asà el acceso a los financiamientos sea mucho mas ágil para los empresarios. También, y posterior a esas reuniones, debe haber reuniones tripartitas a las que se invite a las organizaciones empresariales PYMEs, para que sean escuchados y tomados en cuenta en la estructuración de nuevas normas de financiamiento.
Solo con acuerdos entre el Estado, los organismos de financiamiento y los empresarios se podrá contener y/o aminorar los efectos de la gran recesión económica que se avecina, y además se podrá ayudar no solo a las empresas sino a las millones de personas y familias que se encuentran detrás de ellas.