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El tendido de redes de telecomunicaciones es dificultado por la regulación heterogénea, tanto en países latinoamericanos como en caribeños.
Hay que decir que el Caribe nos lleva algunas ventajas. Basta ir a Aruba o Curazao y ver que algunas antenas de telecomunicaciones están sobre casas particulares (porque el administrador vive allí) para saber que ser una isla pequeña, con población que no supera la de algunos barrios de Ciudad de México, Buenos Aires o Caracas para saber que todo en la tecnología tiene dos caras.
Excepto los enredos regulatorio. Esos siempre son un incordio y fastidian el desarrollo tecnológico, por decir lo menos.
El más reciente estudio de 5G Americas muestra, sin embargo, que pese a las facilidades de sus condiciones geo y demográficas, el Caribe no está libre de complicaciones en el despliegue de tendido de Redes de telecomunicaciones.
Aquí, las uniformidad Caribe parece superar las diferencias idiomáticas y culturales de nuestras bifurcaciones históricas coloniales.
Así, según podemos ver en la infografía elaborada por 5G Americas, los operadores de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe afrontan un contexto regulatorio complejo a la hora de desplegar la infraestructura necesaria para mantener la operación de sus servicios.
Babel regulatorio
José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas denuncia que las compañías del sector deben obtener tanto permisos como autorizaciones de diversas entidades y agencias a distintos niveles de Gobierno, incluso a nivel municipal.
En este punto, especialmente, se observa una importante fragmentación y heterogeneidad en cuanto a:
- Requisitos
- Plazos
- Y mecanismos de proceso
Como es de suponer, todo lo anterior resulta en demoras y, por tanto, en el encarecimiento en las obras necesarias tanto para ampliar como para mantener la calidad de los servicios prestados por los operadores.
Lamentablemente, Otero destaca que la complejidad y heterogeneidad normativa que ha existido por años para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, en lugar de resolverse, se vuelve cada día más preocupante.
“Si consideramos que la evolución tecnológica y avance de la 4G, y el inminente despegue de 5G en la región requerirán de enormes esfuerzos e inversiones por parte de los operadores de telecomunicaciones”, precisó.
Recordó que, además del impacto en el servicio brindado a la población, tanto la burocracia como la fragmentación en la regulación incrementan los costos e, incluso pueden derivar en sanciones de las autoridades de Gobierno por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en sus concesiones de servicio.
Todo lo cual termina encareciendo – aún más – la operación y perjudicando al colectivo que lo vive en un incremento de las tarifas de los servicios.
Una urgencia: unificar criterios y regulación
El Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas destacó que todo lo anterior termina encareciendo – aún más – la operación y perjudicando al colectivo que lo vive en un incremento de las tarifas de los servicios.
No es esto lo peor desde la perspectiva de 5G Americas. La situación resulta particularmente crítica si consideramos que, con la evolución de 4G y 5G, se van a necesitar para el año 2030 entre dos y tres veces más de los sitios de macroceldas que existían en operación para el año 2018.
Así lo señalan las cifras recogidas en el reporte “Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe”, publicado en agosto de 2022.
Además, se necesitará también el despliegue de celdas pequeñas (small cells), que podrían superar los cinco millones de unidades desplegadas en todo el mundo para 2025, de acuerdo con cifras publicadas en un documento publicado por 5G Americas y el Small Cell Forum (SCF) en 2018.
“Es necesario seguir revisando y disminuir los obstáculos para evitar el rezago de la región en el acceso a las tecnologías más recientes”, concluyó Otero.
Acelerar Primeros Pasos
Algunos gobiernos de la región han tomado dimensión de esta problemática y de su impacto en los servicios de telecomunicaciones, por lo que están orientando esfuerzos en intentar reducir la complejidad y/o establecer criterios uniformes para disminuir estos obstáculos.
Algunos ejemplos de ello son:
- Las llamadas “Ley de Antenas” o Ley de Torres” en Brasil, Chile y Perú
- O los modelos y recomendaciones para los municipios, como la Ordenanza Modelo de Argentina
- La regulación estándar que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) desarrolló para homogeneizar los requisitos municipales en El Salvador, entre otros ejemplos.
En México, por caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), publicada en 2014, establece la prohibición de imponer contraprestaciones económicas adicionales a las pactadas con los propietarios de inmuebles para instalación de infraestructuras.
También se otorgó competencia a tribunales especializados para dirimir conflictos entre concesionarios y la federación, las entidades federativas y municipios.
Estos casos y otros, analizados en el reporte “Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y el Caribe” dejan ver que la problemática es reconocida no sólo por la industria, sino también por reguladores, gobiernos y otros actores del sector.
