La transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en México se ha ido postergando poco a poco, a pesar de haber iniciado su proceso hace más de nueve años y de los múltiples beneficios que traería consigo.
Para lograr ésta transición se debe realizar el llamado ”apagón analógico”, que, como indica su nombre, no es más que el cese de las emisiones analógicas para dar paso a las digitales.
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Esto brindaría a los televidentes contenidos con una mejor calidad de audio y video, pues se eliminarían las interferencias. Además se liberaría la banda de 700 MHz que alberga hoy 13 canales de televisión (TV) abierta, la cual podría ser utilizada por operadores de telecomunicaciones móviles, entre otros.
Sin embargo, debido a que la mayoría de las señales digitales son las ofrecidas por la TV de paga, el cese de las señales analógicas obliga a los consumidores a adquirir equipos digitales, o en su defecto decodificadores y/o antenas para sintonizar señales de TV abierta.
Es así como el cronograma original para la transición no ha sido cumplido, pues el presupuesto otorgado por el gobierno para dotar con decodificadores de manera gratuita a los hogares de bajos recursos, dependientes de la TV abierta, es insuficiente.
En Tijuana, por ejemplo, la transición prevista para 2012 tuvo que ser retrasada debido que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) de México no pudo dotar a todos los hogares con estos decodificadores.
También se ha pospuesto seis meses la transición en Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Ciudad Juárez, la cual estaba pronosticada para noviembre de este año.
Esto se debe a que el Comité Técnico del Fondo de Cobertura Social en Telecomunicaciones (FONCOS) canceló los mil 448 millones de pesos asignados a la licitación para la instalación de decodificadores y antenas en estas ciudades.
La decisión obedece a que es el Ejecutivo Federal quien debe destinar los recursos y no el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Originalmente se planeaba culminar el proceso de transición el 31 de diciembre de 2015, pero los múltiples problemas de ejecución en el proceso y la falta de recursos ponen en entredicho esta meta. Motivos por los que CIU recomienda tomar en cuenta la experiencia internacional.