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La gestión de documentos e identidad digital en Chile cuenta con una de las más recientes legislaciones de América Latina.
No obstante, como toda normativa, la actual está sujeta a revisión y evolución. ¿Por qué? Porque se es tiende que todo lo que hoy es un avance, mañana podría convertirse en una amenaza para personas y empresas.
Por: Héctor Kaschel | CyberSecurity Practice Head Andina de Coasin Logicalis
Los datos personales están hoy al alcance de todos los sistemas del Estado. Chile, un país que ha apostado por la modernización en todo su esplendor.
Lo ha hecho con una mirada puesta no solo en la eficiencia y la agilidad sino, también, para robustecer los servicios de cara a los ciudadanos.
Una decisión ampliamente aplaudida, pero que es inherente a un llamado de atención constante: es necesario construir una infraestructura de ciberseguridad más sólida e inquebrantable.
La digitalización de la cédula de identidad, pasaporte y licencia de conducir marcan un hito en la innovación del país. Un avance que contempla la réplica digital de estos documentos y su verificación a través de aplicaciones móviles.
Aunque esto representa una mejora significativa y en concordancia a la tendencia global en términos de accesibilidad, seguridad y eficiencia, también incrementa los riesgos al centralizar datos personales y biométricos en plataformas digitales. Por ello, su protección debe ser rigurosa.
Chile cuenta con la vigencia legal de la Ley Marco Ciberseguridad y la Ley de Protección de Datos Personales, que comenzará a regir en diciembre de 2026, las cuales establecen directrices claras sobre cómo actuar ante incidentes y cómo manejar los datos en procesos de digitalización.
No obstante, estos marcos normativos deben contemplarse con regulaciones específicas para los documentos biométricos digitales, debido al alto nivel de sensibilidad y permanencia que representan.
¿Y por qué insistir tanto en estas leyes? La razón es simple: mientras mayor es la penetración de tecnologías y sistemas digitales que almacenan datos personales, mayor será también el riesgo de vulneraciones.
Gobiernos entre los más atacados en Latinoamérica
Estamos en medio de una amenaza cibernética significativa. Unos más que otros, todos los sectores pueden ser vulnerables, y los gobiernos no son la excepción.
De hecho, expertos de la empresa de ciberseguridad ESET han alertado que los Estados, junto al sector salud, son los más afectados por ciberataques en lo que va de 2025.
Los criminales de esta nueva era tienen sus objetivos muy bien definidos: extraer información privada recolectada por los organismos públicos para diversos fines, y ninguno con intención positiva.
De ahí la urgencia de fortalecer la infraestructura cibernética nacional.
Hoy:
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Los ciudadanos están más expuestos al robo de identidad
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Las instituciones se convierten en blancos más atractivos
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Y crecen las posibilidades tanto de más falsificaciones como de suplantación
Además, en el peor de los casos, podría ocurrir la exclusión de personas de los sistemas gubernamentales ante posibles fallas.
Reconocimiento facial como medio de pago
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El país no solo ha incursionado en la digitalización de documentos, sino que ha dado un paso más.
Actualmente, existe un plan piloto de reconocimiento facial para el pago en los buses RED, cuyo objetivo es frenar el mal uso de beneficios como el pasaje de adulto mayor y estudiantil. También disminuir la evasión en el sistema de transporte.
Sin embargo, junto a la innovación deben surgir respuestas claras en materia de ciberseguridad. ¿Por qué? Esto se debe a que los desafíos en privacidad, protección de datos y derechos digitales se intensifican.
El uso de datos biométricos debe entenderse como una forma extremadamente sensible de autenticación.
A diferencia de una contraseña o tarjeta que pueden ser reemplazadas, el rostro es único, permanente e irremplazable.
Si esta información es comprometida, el daño puede ser irreversible.
Estamos conscientes de que la modernización debe avanzar, pero siempre y cuando sea de la mano de la ética, la protección legal y la educación digital.
La brecha en cultura cibernética sigue siendo una fuente de vulnerabilidad que debilita y pone en riesgo los prometedores avances tecnológicos.
Los organismos responsables tienen el deber de garantizar que cada paso hacia la transformación digital se dé con transparencia, resguardo normativo y seguridad.
Porque el rostro, la cédula, la licencia de conducir y el pasaporte ya no solo nos identifican: hoy son la puerta de entrada a nuestra vida cibernética.
