HPE entre los líderes de almacenamiento de Gartner
Los servicios móviles de telecomunicaciones son reconocidos como pilares fundamentales del desarrollo económico y social por distintos centros académicos y entidades internacionales. Para extender la cobertura y los beneficios de estos servicios a la población, se requiere del esfuerzo y la inversión de los operadores concesionarios en el despliegue de infraestructura de red que provea estas prestaciones.
El emplazamiento de esta infraestructura se encuentra regulada por distintas normativas en los países de América Latina, que muchas veces presenta inconsistencias y contradicciones que derivan en demoras y restricciones a la hora de ampliar y construir nuevas redes que permitan brindar los servicios, según concluye el reporte de 4G Americas Adopción Digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región.
El documento, que revisa los casos de varios países seleccionados de América Latina, señala que la normativa vigente para la realización de obras de construcción de infraestructura en la región frecuentemente contempla, entre otros aspectos, los límites de emisiones no ionizantes, en atención a las recomendaciones de la International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el potencial impacto en el entorno urbano, y la existencia de distintas de distintos procedimientos y autoridades gubernamentales en la materia.
En este punto, cabe señalar que al margen de la legislación nacional, estatal y provincial, existe también regulación territorial por parte de los municipios. Y en muchos casos en la región, la normativa municipal no es consistente ni tiene coherencia con la normativa provincial o nacional.
“Hay que considerar que la cantidad de entidades administrativas locales, o municipios, puede variar entre cerca de cien y varios miles en los países latinoamericanos, cada uno potencialmente con reglas propias y diferentes a las de los demás, originando un alto nivel de burocracia que puede llegar incluso a instancias judiciales, incremento para todos los actores involucrados y el retraso en el despliegue de nuevas tecnologías”, indicó José Otero, director de 4G Americas para América Latina y el Caribe.
Este escenario es particularmente adverso ante el creciente consumo de datos impulsado por la denominada “revolución digital”, y la llegada de nuevas tecnologías que buscan dar respuesta a esa demanda de servicios, como 4G LTE, la próxima generación, IMT-2020 o 5G, y las denominadas celdas pequeñas (small cells).
El documento apunta que el diálogo entre los Gobiernos y los operadores es fundamental para la búsqueda de las mejores prácticas de despliegue de infraestructura sobre la base del consenso y la adopción de reglas en común, sustentadas en procedimientos definidos de manera clara, precisa y estandarizada a nivel nacional. A lo anterior, deben sumarse plazos de procesamiento de solicitudes acotados, definidos y que consideren la aceptación automática (como el denominado “silencio administrativo positivo”).
“La adopción digital en América Latina sólo puede alcanzarse a través del esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, enmarcado en una política de Estado con un marco legal claro, que incentive la inversión y reconozca a las telecomunicaciones como un eje principal en el desarrollo de la economía y la sociedad. No hay que olvidar que los servicios sola y únicamente pueden brindarse allí donde existe infraestructura”, apuntó Otero.
