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El gobierno estadounidense adquiere el 9,9% de Intel por $8.900 millones en una decisión que prioriza la seguridad nacional sobre la eficiencia de mercado.
El anuncio conjunto entre la Administración Trump e Intel marca un punto de inflexión en la política tecnológica estadounidense. El gobierno comprará 433,3 millones de acciones ordinarias por $8.900 millones, convirtiéndose en accionista de Intel con el 9,9% de la compañía que una vez dominó la industria de semiconductores.
El declive de un gigante tecnológico
Intel arrastra una herida autoinfligida desde hace más de una década: perderse la revolución móvil. Mientras Apple diseñaba el iPhone y Google desarrollaba Android, Intel se mantuvo aferrada a su modelo tradicional de PC, renunciando al volumen masivo que estos dispositivos generaban para las fundiciones de semiconductores.
Esta decisión estratégica permitió que TSMC de Taiwán se posicionara como la fundición de referencia mundial, fabricando chips para Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm. Intel, que durante décadas había sido sinónimo de innovación en procesadores, quedó relegada a un papel secundario en el ecosistema global de semiconductores.
La compañía intentó recuperar terreno copiando el modelo de TSMC: abrir sus fábricas a diseños externos en lugar de limitarse a sus propios procesadores. Sin embargo, enfrenta un círculo vicioso difícil de romper: necesita clientes externos para justificar las inversiones multimillonarias que requieren las fábricas modernas, pero los clientes dudan de comprometerse con Intel porque temen que abandone el negocio de fundición.
Una inversión sin precedentes
La decisión de Trump rompe con décadas de política económica orientada al libre mercado. El gobierno estadounidense no solo proporcionará $8.900 millones en capital, sino que eliminará las cláusulas de recuperación asociadas a los $2.200 millones ya desembolsados bajo la Ley CHIPS.
Según los términos del acuerdo, el gobierno mantendrá una participación pasiva sin representación en el Consejo de Administración, aunque recibirá un warrant a cinco años que le permitiría aumentar su participación al 15% si Intel abandona el control mayoritario de su negocio de fundición.
“Como la única empresa de semiconductores que realiza I+D y manufactura de lógica de vanguardia en los EE.UU., Intel está profundamente comprometida a garantizar que las tecnologías más avanzadas del mundo sean de fabricación estadounidense”, declaró Lip-Bu Tan, CEO de Intel.
El cálculo geopolítico detrás de la inversión
La intervención estatal como accionista de Intel no responde a criterios de rentabilidad, sino a una realidad geopolítica ineludible: el 90% de los chips más avanzados del mundo se fabrican en Taiwán, a escasos 180 kilómetros de China continental.
Esta concentración geográfica representa una vulnerabilidad estratégica sin precedentes. Un conflicto en el Estrecho de Taiwán no solo tendría consecuencias militares y humanitarias devastadoras, sino que colapsaría las cadenas de suministro globales de tecnología. Desde smartphones hasta sistemas de defensa dependen de los semiconductores fabricados por TSMC.
Carlos Molina de Multiversial contextualiza esta situación: para Washington, mantener a Intel competitiva no es una apuesta comercial, sino un seguro estratégico. Puede ser ineficiente económicamente, pero resulta imprescindible desde el punto de vista de seguridad nacional.
Las críticas del libre mercado
Los detractores de la medida argumentan que la intervención estatal distorsiona los incentivos de mercado. La participación gubernamental podría condicionar las decisiones comerciales de Intel con criterios políticos, afectando potencialmente los intereses de otros accionistas.
Además, existe el riesgo de que la competencia se vea distorsionada si empresas tecnológicas se sienten presionadas a contratar servicios de Intel por consideraciones que trascienden la eficiencia o el precio.
Un ecosistema en transformación
El anuncio ha recibido el respaldo explícito de líderes tecnológicos que históricamente han defendido el libre mercado. Satya Nadella de Microsoft, Michael Dell de Dell Technologies y Enrique Lores de HP han expresado su apoyo a la estrategia de fortalecer la cadena de suministro estadounidense.
Esta convergencia sugiere un cambio de paradigma en el pensamiento empresarial tecnológico, donde la seguridad del suministro y la resiliencia geopolítica adquieren mayor peso que la optimización puramente económica.
Implicaciones para el sector tecnológico
La decisión de convertir al gobierno estadounidense en accionista de Intel establece un precedente que podría extenderse a otras industrias consideradas estratégicas. Marca el final de una era donde la globalización y la eficiencia de mercado eran los únicos criterios para la toma de decisiones empresariales.
Para Intel, la inversión gubernamental proporciona el respaldo de credibilidad que necesitaba para atraer clientes externos a su negocio de fundición. Sin embargo, también la somete al escrutinio político y a expectativas que van más allá de los resultados trimestrales.
La paradoja fundamental permanece: mientras el mercado castiga las intervenciones estatales por generar ineficiencias, la realidad geopolítica las hace indispensables para la seguridad nacional. En el caso de Intel y los semiconductores, Trump ha decidido que la lógica estratégica prevalece sobre la lógica de mercado.
