Hackers, ¿cuántas vidas tiene uno? 

Jugar a ser uno de los audaces hackers es algo que hasta la literatura ha enaltecido. Pero la vida siempre es menos simple.

Durante buena parte de la humanidad, el gato era el epítome de la suerte y la sobrevivencia a prueba de cualquier cosa. 

Gracias a los videojuegos y su “recarga” de vidas esto ha cambiado, aunque las siete vidas del felino siguen siendo una referencia. 

Pero quizás sean los hackers quienes, en la actualidad, detentan el caracter de ser casi indestructibles. 

Hasta que los apresan. Por eso no sorprende que tanto la Interpol como el FBI hagan casi una convocatoria global cada vez que logran desmantelar una banda de hackers maliciosos. 

Por más que Lisbeth Salander sea una peculiar heroína, hasta ella estaba actuando fuera de la ley. Y lo sabía. 

Lo cierto es que ser hacker malicioso, no ético o hacktivistas y evitar la cárcel no es un juego aunque algunos jóvenes entusiastas lo descubren al fracasar en el intento. 

La criminalización de la actividad de los hackers, muchas veces, está ligada a la falta de información y de actualización de las normativas de cada país. 

Para quienes trabajan en ciberseguridad el hecho de denunciar inconsistencias o sistemas vulnerados se torna – en ocasiones – en un potencial peligro personal.

Lo cierto es que, de hecho, entre los hackers circula la preocupación sobre la posibilidad de reportar una falla y tener consecuencias legales, especialmente por un sistema judicial que no se ha puesto al día con la tecnología del siglo XXI.

¿Trabajo de alto riesgo? 

En este sentido, el workshop de Ekoparty “A 1 bit de ir en cana” (que ocurre ya tradicionalmente dentro de la conferencia) tiene la premisa de generar un espacio de información para los y las profesionales de la seguridad de la información, con el fin de que puedan trabajar de forma más tranquila y “segura”, desde un punto de vista jurídico.

Cabe destacar que el taller de Avoiding Jail (evitando la cárcel) comenzó en 2020. 

“Buscamos concientizar sobre la informalidad de actividades de seguridad no autorizadas, y dar a conocer sus límites legales. Puntualmente, desde Ekoparty se ha propuesto desde el año pasado, una modificación al art. 153 bis”, comenta Marcelo Temperini, Abogado especializado en cibercrimen y director de la propuesta. 

Recordemos que, como en la mayoría de países de América Latina, en Argentina existe una ley de delitos informáticos que data del año 2008 (Ley Nº 26.388).

Si bien esta normativa vino a realizar un ajuste necesario desde el punto de vista social, se considera que en la actualidad, parte de la misma termina afectando el desarrollo de los investigadores de infosec.

Por el bien común 

En el referido artículo 153 bis, por ejemplo, se pretende agregar una excepción a la pena para el caso que él/la investigador/a reporte una falla de buena fe y con la intención de proteger un interés público (por ejemplo, los datos de los ciudadanos). 

De esta manera podrían evitarse incidentes mayores como ataques a infraestructura crítica, instituciones gubernamentales y fraudes masivos que ya de han visto, inclusive, en la región. 

Los hackers éticos luchan por evitar ir presos (o pierden en el intento). Tal es el caso (con repercusión internacional) del uruguayo Alberto Daniel Hill, experto en ciberseguridad que, en 2014 encontró un problema en el sitio web de un proveedor médico. 

Denunciar el problema lo llevó a convertirse en la primera persona encarcelada en Uruguay por un delito informático, y fue acusado por los medios de exigir bitcoins a cambio de no divulgar datos personales. 

En su charla “To hell and back” (al infierno y de regreso), compartió los detalles del proceso y cómo quienes lo habían encarcelado luego volvieron paradójicamente a contactarlo para pedirle ayuda.

“Entendemos que es importante formar parte de una libertad necesaria para aportar conocimiento a la sociedad, y que los verdaderos propietarios de los sistemas sean los que tengan consecuencias por estar enriqueciéndose a costa de un sistema informático inseguro, que termina poniendo en riesgo información (sensible o no) de las personas”, finaliza Temperini.