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Un estudio realizado por la Universidad de Santiago de Chile y con el apoyo de la Fundación Motorola, evaluó la situación general de la seguridad en América Latina. Dicho estudio destaca el hecho de que la tecnología y la participación ciudadana pueden transformar la seguridad pública.
El estudio “Innovación tecnológica para la seguridad en América Latina: Situación e innovación en políticas públicas” identificó cambios positivos en iniciativas que son resultado sw un proceso de un proceso de modernización e inversión, principalmente en tecnología, combinado con una creciente participación de la comunidad, especialmente en la prevención y alerta oportuna.
La investigación incluyó una primera etapa sobre la situación general de la seguridad pública, y un segundo informe con foco en identificar las prácticas innovadoras y más efectivas implementadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y el Perú.
“Se observa un creciente uso de tecnología para minimizar las consecuencias derivadas de las situaciones de emergencia originadas en desastres naturales, como la falta de suministros básicos, la ansiedad producto de la incertidumbre y la desinformación, facilitando una conexión más rápida con familiares y amigos. En esta línea, se encontró una mayor conciencia acerca del aporte de la tecnología LTE para comunicaciones de emergencia”.
“Algunos países como Panamá, Brasil o Chile ya han definido espectro dedicado para el uso de esta tecnología con foco en protección pública y atención a desastres” mencionó Lucía Dammert, profesora asociada de la Facultad Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.
El uso creciente de tecnología ha evidenciado la necesidad de contar con mejores sistemas de información y mayor coordinación intra e interinstitucional. También se destacó la importancia de la capacitación de las diferentes fuerzas para capitalizar el uso de nuevas herramientas tecnológicas y recursos, y que la participación de la población resulta más eficiente en la medida en que existan prácticas integradas de gestión y nuevas tecnologías.
Las políticas públicas deben tener flexibilidad para acomodarse a las nuevas dinámicas del delito y a la incorporación de nuevas tecnologías. También se detectó la necesidad de una mayor coordinación de respuesta entre los distintos organismos de seguridad y emergencia. En paralelo, se requiere una mayor inversión en innovaciones tecnológicas a fin de potenciar su uso en materia de seguridad pública. Es necesario un monitoreo y evaluación constante de la ejecución e impacto de estas iniciativas.
