HPE entre los líderes de almacenamiento de Gartner
Tras haber salido indemne de un proceso que iniciaron las autoridades de competencia estadounidenses, y que cerraron en 2012, Google afronta una creciente presión para rendir cuentas en Europa. El reconocimiento que ha hecho la justicia comunitaria del llamado derecho al olvido, el acecho de los gobernantes para que pague impuestos por su lucrativa actividad y, principalmente, el procedimiento formal con que amaga la Comisión Europea por abuso de posición dominante están agrietando su imagen.
Google tiene a la mayor autoridad de competencia del mundo pisándole los talones. La Comisión Europea investiga desde 2010 si su indiscutible dominio en el mundo de Internet se ha labrado a costa de poner piedras en el camino a sus rivales.
El caso acaba de dar un giro que amenaza con poner en aprietos a la firma californiana. Hasta este verano, el acuerdo amistoso con la compañía se consideraba amistoso. Con el envío de su tercera propuesta para ajustarse a las reglas europeas, la empresa parecía tener una salida fácil. Pero esa vía se truncó hace solo unos días, cuando Competencia comunicó a Google que sus propuestas no eran satisfactorias.
La decisión se produjo tras varios meses de fuerte presión pública —comisarios europeos, dirigentes políticos en Francia y Alemania y gigantes de la edición— para rechazar los compromisos de la empresa.
La Comisión reprocha al gigante tecnológico 4 prácticas que cree contrarias a la libre concurrencia. La principal consiste en el modo de presentar servicios especializados, como hoteles o restaurantes, cuando el usuario hace una búsqueda. El motor de Google favorece la presencia de sus propios servicios, lo que limita la visibilidad de los competidores. La indignación de quienes se sienten perjudicados por esas prácticas ha acabado por acorralar a Google.
El inmenso poder que atesora la empresa con la montaña de datos que gestiona le ha valido a Google este año una sentencia rompedora: la que reconoce a un ciudadano español, Mario Costeja, el llamado derecho al olvido, que permite a cualquier ciudadano solicitar al buscador que elimine una determinada información de las búsquedas si se siente perjudicado por ese contenido. Ese nuevo derecho, reconocido por el Tribunal Europeo de Justicia en mayo, supone que la firma pasa a desempeñar el papel que antes tenían jueces y autoridades de protección de datos: decidir si se retira o no una información cuando un ciudadano así lo reclama.
Hasta ahora, Google ha recibido 150 mil solicitudes para el borrado de datos, según la organización European Digital Rights. El modo de aplicarla genera recelos entre los consumidores.
Ante todo el escenario, el sector considera que la única salida posible ahora es comenzar la ofensiva contra la compañía: abandonar la hipótesis de un acuerdo y lanzar un pliego de cargos que amedrente a la firma y la obligue a ofrecer soluciones que eliminen su abuso de poder. Ese proceso puede concluir con una prohibición de mantener sus prácticas y, eventualmente, con una multa que alcance hasta el 10 % de su facturación.
