La división estadounidense de Samsung llegó a acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el fin de resolver las acusaciones falsas sobre supuestas violaciones de acuerdos comerciales.
La firma le pagará al gobierno 2.3 millones para poder resolver los cargos, según anunció el Departamento de Justicia.
Según las normas de contratación pública de ese país, se requiere de las agencias federales para la compra de productos fabricados en Estados Unidos o en países con los que el país tiene un acuerdo comercial.
Las agencias federales compraron productos a través de distribuidores de Samsung, con la creencia de que fueron fabricados en Corea del Sur o México y suponían que estaban cubiertos por el acuerdo comercial. Pero en realidad, los productos se fabricaron en China, un país que no es parte de ningún acuerdo.
A pesar de eso, Samsung siempre incluye la información exacta de sus revendedores y sobre el país de origen de las mercancías que comercializa, afirmó el Departamento de Justicia.
La falta en el acuerdo no fue una falta de responsabilidad por parte de Samsung, dijo la declaración del departamento.
El asunto salió a la luz por un denunciante, Robert Simmons, bajo la base de que la Ley de Reclamos Falsos, es una ley diseñada para proteger al gobierno de la recepción de bienes y servicios de contratistas falsos.