HPE entre los líderes de almacenamiento de Gartner
Montserrat Durán, Directora Senior de Asuntos Legales para América Latina de la BSA – The Software Alliance.
Latinoamérica aún se mantiene entre las regiones con índices más altos de piratería de software, superando en diecinueve puntos a la media mundial, tal como se informa en el estudio Global Software Piracy realizado por International Data Corporation en 2011.
En la edición correspondiente a este año la tasa mas alta corresponde a Venezuela, en donde el 88% de los programas instalados no cuentan con licencia, le siguen Bolivia y Guatemala con 79%, Paraguay con 83% y El Salvador con 80%. Con tasas menores al 70% se encuentran países como Brasil y Colombia con el 53%; México con el 57%; Chile con el 62%; Perú con 67%; Uruguay y Ecuador con un 68%, y Argentina con el 69%. La perspectiva sin embargo, puede considerarse alentadora, en tanto nueve países de la región han bajado un punto porcentual este año.
Brasil viene recorriendo ese camino hace ya varios años, consiguiendo bajar seis puntos su índice de piratería en solo cinco años gracias a los esfuerzos conjuntos entre el sector publico y privado. El Estado Brasilero ha cumplido un rol importantísimo para lograr que la situación mejore con acciones concretas tendientes al cumplimiento de las leyes de Propiedad Intelectual, como son la capacitación de magistrados y policías, la revisión de sus normas para adaptarlas a las nuevas tecnologías y la concientización sobre el valor de los Derechos de Autor.
Desde el sector privado, The Software Alliance y sus miembros realizan constantemente campañas apuntadas a concientizar no solo sobre los riesgos legales que supone el uso de software sin licenciar, sino también los riesgos de seguridad que ello trae aparejado, poniendo en riesgo valiosa información comercial de los usuarios.
En ese sentido, BSA – The Software Alliance, resalta la importancia de que los profesionales de TI adopten las best practices relacionadas con el manejo de activos de software (SAM) para reducir los riesgos de las empresas que asesoran, que como se dijo no solo pueden ser condenadas a pagar por la violación a los derechos de autor, sino que se exponen a riesgos informáticos, como virus, intromisiones y perdida de información. Brasil, donde aun queda mucho por hacer, es un claro ejemplo de como Latinoamérica puede afrontar el desafío que supone modificar comportamientos en los usuarios.
Comportamientos que no solo perjudican al productor de software, sino al país entero, que por la copia y falsificación deja de percibir impuestos y reduce el mercado laboral local asociado al desarrollo, soporte y venta de software.
Cualquiera sea el escenario, es fundamental que los gobiernos sigan entendiendo que la defensa de la Propiedad Intelectual y los autores es un tema importante y que se realicen esfuerzos para adecuar las normas a los Tratados Internacionales y que se disponga de medios para hacerlas cumplir.
Montserrat Durán, Directora Senior de Asuntos Legales para América Latina de la BSA – The Software Alliance.
