Ampliar la capacidad y el alcance de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones para que la población, las instituciones y el tejido empresarial puedan disponer de servicios TIC avanzados con los estándares de calidad y robustez de otras regiones con un desarrollo TIC mayor, y a los que se pueda acceder de forma homogénea en todo el territorio, es la recomendación principal que el informe “Hacia la transformación digital de América Latina” acaba de realizar la CAF .
Todo ello. relata el voluminoso trabajo realizado por el organismo regional, permitirá definir las políticas de conectividad que se adecúen a las necesidades de cada país, “estructurando la base del conocimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones actuales y en proyecto para su uso en la planificación futura de las mismas”.
Dicho informe también propone que se ejecuten proyectos de despliegue y mejora de la infraestructura de telecomunicaciones de red troncal y red de acceso, la conectividad internacional y el uso eficiente de la red, la conexión de los puntos estratégicos del país o la instalación de nodos de intercambio dentro del país (IXP) y redes de distribución de contenidos (CDN).
¿Que es TIC?
Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un concepto se usa a menudo para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Planificar y gestionar la infraestructura de TIC de una organización es un trabajo difícil y complejo que requiere una base muy sólida de la aplicación de los conceptos fundamentales de áreas como las ciencias de la computación, así como de gestión y habilidades del personal.
Volviendo al informe de la CAF, una de las propuestas más interesantes es la relacionada con el desarrollo normativo de las TIC en el continente. En este punto el informe recomienda el diseño de un marco normativo TIC “que favorezca la accesibilidad, la seguridad, los derechos de los usuarios y la libre competencia en la prestación de los servicios TIC, con las adecuadas garantías de estabilidad jurídica”.
Este objetivo se lograría con el abordaje de medidas para que los fondos destinados a la universalización de los servicios TIC puedan contar con mayores recursos y se ejecuten de forma eficiente, implantar normas que favorezcan el libre mercado y la libre competencia en ambiente de convergencia, y promulgar leyes de privacidad y protección de datos en entornos digitales que permitan generar la suficiente confianza en los usuarios para que utilicen los servicios digitales en su día a día.
En el trabajo, la CAF recomienda que dicho marco institucional cuente con la dotación de recursos de apoyo al desarrollo TIC, lo que facilitaría la ejecución de los fondos de acceso o servicio universal disponibles y la ampliación del objeto de los fondos para proyectos TIC.
“Se deben establecer medidas regulatorias que faciliten la ejecución de los fondos ya recaudados. Como medida para lograr una mayor ejecución de los fondos, la gestión y seguimiento de los mismos debería recaer exclusivamente en la administración, con el apoyo técnico de los operadores, que serán los que, mediante procesos de concurrencia abiertos, ejecuten finalmente los programas. Los fondos de acceso o servicio universal deben ampliar su alcance para transformarse en fondos de promoción TIC más generales, que abarquen, por un lado, el acceso universal en condiciones de asequibilidad a los servicios de banda ancha y, por otro, proyectos no solo de conectividad sino también de extensión de servicios públicos digitales, como educación, sanidad, justicia o gobierno electrónico”.
Otra recomendación tratada por la CAF es el desarrollo de la base normativa de telecomunicaciones hacia un entorno convergente, “para lograr un ambiente propicio de libre competencia, de inversión en infraestructuras y nuevos servicios”.
La normativa básica en la que se deberá trabajar para el logro de estos objetivos es la siguiente: Desagregación de bucle de abonado; implantación de portabilidad numérica en fija y móvil; adaptación de la normativa a un entorno de convergencia; desarrollo de normativa específica relativa al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y el desarrollo de la normativa para el desarrollo de la Sociedad de la Información.