Gamers ahora disponen en Latam de SSD más fría
La resolución establece que Google es un motor de búsquedas pero que además trata la información y se exige por tanto que en ciertas situaciones se retiren los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si dañan al ciudadano y ya no son pertinentes; se indica además que se estudiará cada caso por separado.
El abogado Joaquín Muñoz, representante del español Mario Costeja, convertido quizás sin proponérselo, en impulsor del llamado “derecho al olvido” en internet, al desencadenar el caso que ha concluido con esta sentencia, ha destacado su alcance porque confirma el derecho del ciudadano a la privacidad y a decidir quien trata o no sus datos personales.
La empresa Google sin embargo considera la sentencia “decepcionante” para “los motores de búsqueda” en internet y editores “on line”, y recuerda que difiere “drásticamente” de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Niilo Jääskinen.
Su directora de comunicación y asuntos públicos en España, Marisa Toro, ha precisado que “vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión”.
Desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), su director, José Luis Rodríguez Álvarez, ha manifestado su confianza en que esta sentencia “marque un punto de inflexión” en la conducta de Google, para que, “a partir de ahora, cumpla con la normativa europea de protección de datos y respete los derechos de los ciudadanos”.
Los ciudadanos ya podrán solicitar del motor de búsqueda, según las condiciones de la directiva de protección de datos, la eliminación de referencias que les afecten, incluso si la información no ha sido eliminada por el editor y si ni siquiera éste hubiera solicitado su desindexación; en caso de no atenderse la solicitud, se puede recabar la tutela de la AEPD y los tribunales.
La sentencia hace prever una “avalancha” de reclamaciones de ciudadanos para que Google retire de la red enlaces a informaciones que les perjudican, según ha explicado el abogado Víctor Salgado.
El experto jurídico en nuevas tecnologías ha indicado que cualquiera podrá dirigirse directamente a Google en su país de origen en Europa y ampararse en esta sentencia para ejercer sus derechos sobre protección de datos: acceso, rectificación, cancelación u oposición.
En el caso de que Google hiciera oídos sordos a las reclamaciones de retirada de enlaces, la empresa incurriría en multas de hasta 600.000 euros.
