La fiscalía se encuentra reuniendo las últimas pruebas de la investigación que busca determinar si el portal es culpable de defraudación a la propiedad intelectual.
La vieja guardia de empresas que viven de explotar los derechos de autor y que no logran comprender como hacer negocios en la Sociedad del Conocimiento, presionan para hacer valer leyes reales y vigentes, que al momento de ser sancionadas no tomaron en cuenta el escenario propio de esta realidad y atentan contra la equidad y la inclusión.
La Motion Picture Association of America y Telefe presentaron dos nuevas denuncias. Estas acciones pueden derivar en medidas cautelares contra el sitio para que no siga violando los derechos de autor.
El fiscal general Ricardo Sáenz confirmó que se encuentra investigando la actividad del sitio Cuevana desde diciembre del año anterior, en virtud de las denuncias de los principales estudios de cine de los EE.UU. y de Telefe. La actuación del fiscal se realiza en el marco de dos investigaciones preliminares que tienen por finalidad establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos denunciados, previo a ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial.
Con ese alcance, Sáenz explicó que tiene probado y demostrado el funcionamiento del sitio, y prima facie quiénes son sus operadores responsables. La prueba pendiente de producción es la referida a las personas físicas que contrataron el alojamiento del sitio www.cuevana.tv en un servidor de la ciudad de Rosario, y a nombre de quién o quiénes ese servidor registró el dominio de cuevana.tv.
Así, en el marco de la investigación federal por la presunta comisión de hechos de piratería por parte de Cuevana, la Justicia intimó días atrás a la firma Dattatec, donde se encuentra registrado el dominio Cuevana.tv, a entregar toda la información sobre las personas físicas que contrataron el servicio de hosting, fecha de contratación y modo de pago del servicio. Una vez que Dattatec entregue los nombres al fiscal, según fuentes judiciales “éstos deberán someterse a indagatoria abriéndose entonces la posibilidad de un procesamiento, como ocurrió con los responsables de Taringa!”.Según trascendidos judiciales, se apunta como responsables del sitio a Tomás Escobar, Mario Cardosio, y David Fernández.
La primera de las denuncias fue peesentada el 20 de diciembre pasado Julián Subías –apoderado especial de Twentieth Century Fox Film Corporation, Disney Enterprises Inc., Paramount Pictures Corporation, Columbia Pictures Industries Inc., Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLLP, y Warner Bros. Entertainment Inc.– radicó una denuncia contra los responsables del sitio de Internet www.cuevana.tv por la posible comisión de delitos de defraudación a la propiedad intelectual –previstos en la ley 11.723–.
La segunda denuncia fue radicada el 29 de diciembre de 2011 por la Apoderada de Televisión Federal S.A. (Telefe). En la acción se apunta también a investigar la posible responsabilidad penal de los tres responsables de Cuevana por defraudar la ley de propiedad intelectual; en este caso, se trata de infracciones por carencia de autorización que tendrían un doble origen: en primer lugar, la reproducción ilegal e indebida de los programas de televisión Algo habrán hecho (por la Historia Argentina), Clase Turista, Lo que el viento nos dejó, Los Simuladores, y The Simpsons.
En segundo término, se adjudica a Cuevana la reproducción ilegítima, en vivo y en tiempo real, de la señal oficial de LS82 TV Canal 11, cuya licenciataria y propietaria de derechos es Telefe.
Según trascendidos extraoficiales, “se estima que el 98% del material de Cuevana está protegido por derechos de autor, mientras que más del 50% del contenido es propiedad de los miembros de MPAA”.
Desde el punto de vista legal, Cuevana se encuentra cercada, pero es necesario que los legiladores revean el impacto que tienen la comunicaciones en la sociedad y legislen en favor de la gente, tratando de incluir y de brindar herramientas para que quienes producen contenido puedan cobrar por ello, pero que esa acción no implique excluir a nadie.